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El juez Pablo Ruz reclama juzgados especializados en corrupción

El instructor de los casos Bárcenas y Gürtel afirma que nunca ha recibido “presiones directas”; “otra cosa son las indirectas”

El juez Pablo Ruz, que ha instruido el caso Bárcenas y Gürtel, ha reclamado este jueves la creación de juzgados y tribunales especializados en la lucha contra la corrupción. A imagen, ha dicho, de los que se instituyeron para combatir la violencia machista.

El magistrado ha ofrecido sus recetas contra la corrupción en una conferencia en Valencia, ciudad especialmente sacudida por los escándalos, donde ha sido recibido con honores por la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.

Ruz ha resumido en siete puntos las mejoras urgentes que en su opinión necesita la justicia en la materia. Entre ellos, la protección de los “delatores o denunciantes” de casos de corrupción y una mejora en la colaboración de los bancos.

El juez, que en 2010 se hizo cargo de forma temporal del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tras la suspensión de Baltasar Garzón y en 2015 regresó a su plaza en un Juzgado de Móstoles, ha asegurado que nunca ha recibido “presiones directas” sobre el curso que debían seguir sus investigaciones.

“Nadie me ha llamado por teléfono, ni he sido testigo de ello. Otra cosa es la presión indirecta que te puede llegar a través de un titular de prensa, de la opinión de responsables políticos o de los comentarios que un compañero puede hacerte sobre la marcha de un proceso. De una forma más natural de lo que pueda pensarse, a veces te llevan a reflexionar”, ha afirmado Ruz en el aula Magna de La Nau, la sede histórica de la Universitat de València, donde estaba invitado a pronunciar la conferencia La investigación de las causas de corrupción.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir desamparando a los denunciantes o delatores de los casos de corrupción? Filesa, Malaya, Gürtel, ERE… En todos ellos, en algún momento, hubo un testigo o un partícipe que decidió denunciar los hechos”, ha afirmado.

El magistrado ha pedido medidas de calado para proteger a los arrepentidos como las que existen en Estados Unidos e Italia, y que en España están limitadas a casos de terrorismo y narcotráfico. Y ha lamentado que la última reforma procesal no incluyera la posibilidad, contemplada en un borrador legislativo, de que un juez pudiera decidir el sobreseimiento de la acusación contra el miembro de un grupo criminal que denuncie la actividad y si “colabora plenamente con la justicia”.

Ruz ha contado que los directores jurídicos de entidades financieras le han trasladado que los juzgados les dan “mucho trabajo” solicitando información. “Debe ser verdad, pero es una cuestión muy importante. A menudo, nos vemos obligados a reiterar las peticiones y a llegar a ordenar registros de sedes bancarias por no darnos información o decirnos que no estaba disponible, cuando sabíamos por la Agencia Tributaria que no era así”.

Utilizando viñetas de Forges y El Roto y citando a la cantante y activista norteamericana Joan Baez, de la que se ha declarado gran admirador, el juez ha desgranado otras medidas que considera necesarias, como la supresión de los aforamientos, del suplicatorio y de “privilegios procesales”, como la posibilidad de ciertos cargos públicos de declarar como testigos por escrito.

Ruz ha planteado la conveniencia de limitar la acción popular y de dejar para un procedimiento al margen del penal la exigencia de responsabilidades civiles en las causas debido a lo mucho que alargan los procesos. Y ha subrayado la importancia de agilizar la cooperación internacional para recuperar el dinero defraudado.

“En la legislación penal estamos próximos al límite. Tanto en la gravedad de las penas, como en los plazos de prescripción y las conductas punibles, a falta quizá de que pudiera incluirse el delito de enriquecimiento ilícito”, ha dicho. “La reforma pendiente clave es la procesal: cómo hacer que las investigaciones sean más rápidas y efectivas”.

Fuente: El Pais