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Imputados cuatro alumnos de la UB por robar y vender un examen

Un anónimo al día siguiente de la evaluación alertó de los hechos a una de las examinadoras

Los Mossos d’Esquadra han imputado a cuatro alumnos de la Universidad de Barcelona (UB) por robar y vender un examen del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE). Un anónimo al día siguiente de la evaluación fue el que alertó a una de las examinadores, que puso el caso en manos de los Mossos. La investigación policial reveló que los jóvenes habían cobrado hasta 300 euros por copia, por lo que se les imputa un delito de descubrimiento y revelación de secretos con el agravante de ánimo de lucro.

El caso se remonta al pasado 5 de julio, cuando los alumnos del tercer curso de ADE se sometían a la recuperación del examen de Fundamentos de la Fiscalidad. Al día siguiente de la evaluación, un correo electrónico anónimo advertía a una de las profesoras que ese examen había sido robado y vendido a los estudiantes antes de la prueba. Los docentes, que dieron validez al confidente al detectar que varios alumnos habían cometido el mismo error en el examen, denunciaron los hechos a los Mossos. “Ante la gravedad de los hechos denunciados, la Facultad decide poner el caso en manos de los Mossos el viernes 8 de julio, quienes comienzan la investigación la semana siguiente”, relata un portavoz de la UB.

Los agentes iniciaron las pesquisas y constataron que, efectivamente, un número elevado de alumnos había cometido el mismo fallo en una de las preguntas del examen. Según fuentes cercanas al caso, los Mossos comprobaron que un estudiante había accedido, de forma ilegal, a la cuenta de correo electrónico de uno de los profesores y se había apoderado de una primera versión de la prueba final, donde figuraban las preguntas y respuestas del examen. Sin embargo, poco antes del inicio de la evaluación, los profesores detectaron que una de las respuestas no era correcta, de ahí que los estudiantes que accedieron antes de la prueba a las respuestas del examen cometiesen el mismo error.

La investigación policial concluyó que el examen “circuló mucho” entre los estudiantes porque un grupo de alumnos empezó a vender la prueba por un precio que oscilaba, tal y como han reconocido en comisaría algunos estudiantes, entre los 20 y los 300 euros. Además, pocas horas antes de que se iniciara el examen las preguntas también circulaban por los grupos de WatsApp de algunos alumnos, según fuentes consultadas por EFE.

Los agentes han ido cerrando el cerco hasta acusar a cuatro alumnos, tres chicos y una chica, todos ellos de nacionalidad española, de un delito de descubrimiento y revelación de secretos con el agravante de ánimo de lucro.

Repetición de la prueba

Por su parte, la UB ha decidido anular el examen, al que se habían presentado unos 354 alumnos, y repetirlo el próximo 5 de septiembre. La institución considera que es la medida más justa teniendo en cuenta el alcance que le consta que ha tenido el delito. “Las evidencias que tienen la policía indican que existe una alta probabilidad de que la prueba haya circulado de forma mayoritaria y la correción del examen no puede discriminar entre los estudiantes que lo tenían y los que no”, apuntó la UB en un comunicado. La institución insistió en que la repetición de la prueba permitirá garantizar que “todos los estudiantes disponen de las mismas condiciones para afrontar el examen” y asegurará que “ningún estudiante supera una asignatura de forma fraudulenta”.

En paralelo al proceso penal que han abierto los Mossos, un portavoz de la UB aseguró que la universidad también aplicará sus propias sanciones. La institución dispone de un código y unos protocolos de actuación ante situaciones de este tipo pero, tal y como confirmó el mismo portavoz, la UB tendrá que valorar y evaluar la situación en particular “porque el código que rige la UB es de 1954 y es un protocolo desfasado”. Además, la institución tendrá que diferenciar entre las sanciones para los autores del robo y la venta y para los alumnos que sólo compraron los exámenes. Según las fuentes consultadas, esa sanción no sería económica, sino que estaría más vinculada a la expulsión de la universidad o a la suspensión de la evaluación durante un tiempo.

Fuente: El Pais